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Artículo de José Prado: 'Aceite fiscal'

21 de marzo de 2014

Artículo de José Prado: 'Aceite fiscal'

Sobre la vivienda pesa ya una suerte de doble y triple imposición que la convertirá, a la larga, en un producto de lujo en lugar de uno de primera necesidad.

Artículo publicado originalmente por José Prado en Diario Sur el 21 de marzo de 2014

Aún están calientes las tapas del informe elaborado por el Comité de Expertos para la reforma fiscal y sus conclusiones han sido sopa fría para el sector de la promoción inmobiliaria.

La vivienda se ha convertido en el tema estrella de un estudio en el que el sector tenía puestas grandes esperanzas, pero en un sentido radicalmente opuesto a las recomendaciones finalmente recogidas en el mismo. Durante meses, desde la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, y otras patronales del sector, fundamentalmente del arco mediterráneo, se ha estado incidiendo en la absoluta necesidad de no perder el barco de la competitividad de nuestro producto estrella: el turismo residencial. Del inversor en un bien raíz que genera inversiones, trabajo, infraestructuras, etc., una vez que ha fidelizado nuestro país como su residencia.

Parece que el Comité de Expertos ha terminado por reconocer la necesidad de modificar la fiscalidad aplicada a este tipo de residentes no permanentes, pues el novedoso tratamiento fiscal que nuestros más directos competidores en materia turística están aplicando a la adquisición de viviendas por parte de la población extranjera estaba dejando a España en una posición muy desventajosa.

Se nos entrega este apetitoso bocado, recién salido del horno, pero amargamente aderezado por dos piezas difíciles de digerir.

La propuesta de suprimir, con carácter retroactivo, la desgravación por vivienda, actualmente vigente para quien compró antes del 1 de enero de 2013 y que ahora se vería obligado a afilar el lápiz para ver de dónde saca el dinero que estaba asegurado, o eso creía al confiar, ¡qué locura!, en la seguridad jurídica que nos brinda nuestra Constitución cuando proclama la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

No necesitamos Comité de Expertos si lo único que se hace es recoger por escrito las recomendaciones que, como cantos de sirenas, nos dicta la Unión Europea aconsejando, un día sí y el otro también, borrar de un plumazo la posibilidad de desgravarnos a lo largo de la vida del préstamo hipotecaria al menos una quinta parte del valor de la vivienda. Será la gente joven y los menos favorecidos los que más directamente sufrirán las consecuencias de esta medida.

La segunda propuesta es aún peor, si ello es posible: que la vivienda habitual dé lugar a una imputación de renta en la base imponible del IRPF hasta que entre en vigor el nuevo modelo de IBI.

Parece inaudito, sobre todo si tenemos en cuenta que en el nuevo modelo propuesto el precio de la vivienda se hace coincidir con el valor de mercado. ¿Que pretenden? Parece no ser conscientes del enorme error cometido con la última subida de los valores catastrales tomando como referencia los precios máximos del mercado -el famoso 'catastrazo'-, cuyas consecuencias, en Málaga al menos, se están haciendo notar en toda su crudeza desde el pasado año 2013, convirtiendo a los propietarios de viviendas en los verdaderos paganos de un sistema fiscal que roza lo confiscatorio.

Y no sólo lo decimos nosotros. Hace escasos días era alguien tan poco sospechoso de parcialidad en sus pronunciamientos como el propio presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, el que, al presentar en el Congreso de los Diputados su informe de fiscalización sobre las medidas adoptadas por las entidades locales para adaptarse a la disminución de ingresos tributarios durante la crisis económica, puso de manifiesto la enorme subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de las tasas municipales para compensar los descensos de los ingresos urbanísticos.

Los ayuntamientos, tras haber agotado a los sectores productivos de la construcción y de la promoción inmobiliaria, han optado por incrementar los impuestos que les son propios, y entre ellos básicamente el IBI, que se ha convertido en el 'buque insignia' de la presión fiscal local, para poder exprimir a la población propietaria de viviendas, siempre antes de solventar los desajustes de la Administración por gastos improductivos.

En este contexto, las recomendaciones del Comité de Expertos no son más que un nuevo peldaño de una espiral impositiva que arrancó en el año 2011 con la restauración del impuesto sobre el patrimonio, inexistente en el resto de la Unión Europea, y que continuó en el año 2013 con la eliminación de las desgravaciones por la adquisición de la primera vivienda y el incremento del tipo impositivo de IVA hasta el 10% en las transmisiones de vivienda nueva.

En definitiva, sobre la vivienda pesa ya una suerte de doble y triple imposición que la convertirá, a la larga, en un producto de lujo en lugar de uno de primera necesidad.

Ha sido rápido el Ministerio de Hacienda confirmando que no contemplan estas posibilidades en su reforma fiscal, pero la intranquilidad generada sobrevuela una vez más sobre el mismo sector.

Y es que cada vez que se decide entrar en las cocinas del Estado para elaborar una nueva receta fiscal se pretende que la vivienda sea el aceite que aliñe todas las administraciones.

¡Oído cocina! No se pueden varear siempre las ramas del mismo olivo.

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